Pensar el desarrollo en tiempos de crisis. Reseña de (2002) "Hacia el Plan Fénix. Una alternativa económica"
Un país en
ebullición. Escraches, cacerolazos, saqueos, secuestros y piquetes son
episodios cotidianos que han perdido su condición de novedad para convertirse
en un dramático recordatorio de la implementación de las políticas neoliberales
iniciadas en la última dictadura militar argentina. En este contexto, un grupo
de economistas heterodoxos de la Universidad de Buenos Aires, con
posicionamientos disímiles, confluyen en
diciembre de 2001 para reformular el diseño de las políticas económicas del
Estado argentino sobre la base de tres ejes: solucionar la pérdida de
financiamiento, implementar medida de distribución de la riqueza ante la
urgencia de la fragmentación social y planificar un modelo productivo
competitivo con inserción internacional.
En “Propuestas
para aliviar las restricciones de pagos externos sobre un programa de
transformación productiva y social”, Benjamín Hopenhayn inicia su exposición
dando cuenta de la duplicación del porcentaje de la deuda sobre el PBI,
alcanzado el 0 por ciento, constituyendo e pago del servicio de la deuda el 20
por ciento del gasto público nacional, con una tendencia creciente de pago de
intereses. Ante este panorama, se propone la necesidad de reestructurar la
deuda a través de negociaciones de naturaleza política con los gobiernos
centrales donde se concentra la mayor parte de las obligaciones. Otra línea de
acción es el relevamiento de la deuda privada, para su conformidad con el Banco
Central y la AFIP, entrando en negociación lazos y tasa de intereses para los mayores
deudores. Se vuelve indispensable suspender el envió de remesas al exterior de
las grandes empresas trasnacionales por un plazo de cinco años. Para llevar adelante la etapa inicial del
Plan Fénix, Hopenhayn considera pertinente la negociación de un paquete de
créditos excepcionales a las entidades internacionales, negociar facilidades de
financiamiento de importaciones del Brasil en el marco del MERCOSUR y otros
gobiernos exportadores de los insumos para la producción argentina e incluir
facilidades de financiamiento de importaciones en un nuevo trato con las
empresas trasnacionales instaladas en el país.
Alejandro Rofman
describe en “Las economías del interior. Una estrategia pare enfrentar a la
crisis” los daños causados por las
privatizaciones, vía escogida para la obtención de financiamiento para el pago
de los servicios de la deuda y las dificultades de las economías del interior,
sólo consideradas en situaciones de gravísimas crisis social. La existencia de
un Estado “presente” en el sostén de los grupos concentrados a través de la
desregulación del mercado, la improvisada apertura externa y la imposición de
tasas de interés elevadas y dificultades de acceso al mercado financiero formal
son obstáculos reconocibles para el mejoramiento de las condiciones de
producción. La reversión de este proceso de destrucción sistemático de la
calidad de vida en las regiones extrapampeanas debería contemplar un programa
nacional de reconversión de las estructuras productivas, la organización de un
Consejo Nacional de Transformación Productiva y la puesta en marcha de un plan
de aliento al empleo para la reactivación de producción y la construcción de
viviendas e infraestructura son alunas alternativas contempladas.
El aumento de la
desigualdad y la preocupación por que los sectores de menores ingresos paguen
los costos de crecimiento es temática abordada en “Algunas propuesta de
políticas laborales”, de Luis Beccaria. La recuperación del aparato productivo
ameritaría medidas drásticas de abaratamiento de costos, contemplando incluso
la disminución de las contribuciones patronales a la previsión social e incluso
despidos. En este escenario crítico, la implementación de entrenamiento y
capacitación de los trabajadores, la extensión del seguro de desempleo y el
retorno de las negociaciones colectivas son vías válidas para consolidar
medidas de transferencia de ingresos. El peligro más próximo es el agravamiento
de la precarización de las relaciones laborales.
En “Política
productiva para una sociedad equitativa y dinámica”, Jorge Schvarzer repasa las
transformaciones del modelo productivo industrial. Así, el crecimiento de la
productividad por trabajador debido a la modernización tecnológica y el
mejoramiento general de ka competitividad de la industria. No obstante, se
señalan dificultades para al incorporación de mano de obra en el sector. La
estrategia de desarrollo productivo deberá contemplar, en orden de prioridad,
el mercado nacional, regional y mundial. La propuesta esencial del articulo es
la creación de un Ministerio de la Producción, contemplando una racionalización
administrativa de funciones, encarar políticas de producción local. A estos
esfuerzos deben serle añadidas una Comisión de Defensa de la Competencia y
organismos reguladores de los servicios, a fin de garantizar el correcto
funcionamiento de los mismos.
En “Los cambios
estructurales en el esquema manufacturero y el modelo económico de los 90`”,
Héctor Walter Valle destaca la elaboración con grados cada vez menores de integración local, especialmente en la
industria automotriz y electrónica, aspecto que ameritaría ser eje de la
discusión sobre el futuro de la economía. La exigencia de una creciente y
difundida productividad requeriría de estímulos a la producción, pudiendo
entonces lograrse un crecimiento acalorado. Analizando la perfomance de los
establecimientos industriales en base a un estudio de expertos de la Unidad
Europa ASSES Group sobre el fortalecimiento del sector productivo y la
retención de empleo a través de la adquisición de tecnología, concluye en que
pese a la distancia del uso de la tecnología y su relación con el aumento de la
calidad de vida tal como lo preveía Keynes, el capitalismo salvaje
contemporáneo ha desarrollado competitividad dejando relegadas esas
perspectivas en el abaratamiento de mano de obra y la política de tratamiento
de shock.
En “Argentina y
la globalización”, Aldo Ferrer explicita un pensamiento arraigado en la
sociedad civil: los malos políticos, con su comportamiento viciado por el
sostén de privilegios, corrupción y enriquecimiento ilícito habrían sumergido,
de acuerdo al imaginario hegemónico de la sociedad, al país en la crisis
actual. Este aspecto silenciaría la implementación de las dañosas malas
políticas que han sido tomadas: aquí es donde se encontraría una buena
explicación del estancamiento salarial, el desempleo, el empleo de baja
rentabilidad, el retroceso en la distribución de ingresos y la riqueza, el
aumento de la deuda externa, la privatización de las empresas estratégicas y la
vigencia de un tipo de cambio no competitivo. Ante este desarme del Estado, se
agrega la dificultad producida por la inserción de un mercado de bienes y
servicios provistos desde el exterior, en tanto aquellos producidos localmente
cargarían con un creciente aumento de insumos del exterior. Mejorar los precios
de la producción local y de su competitividad, defender el mercado y ahorro
internos, buscar una relación simétrica con el Brasil a partir de la división
del trabajo intraindustrial. La amenaza más evidente ante el descontrol
reemergido es el colapso del régimen de contratos.
Mario Rapoport
señala la incertidumbre en la conformación de un nuevo esquema mundial basado
en una “tercera revolución económica” con ejes en los sectores de comunicación
y servicios en “Davos y anti-Davos: un replanteo de la globalización”,. En un
proceso de globalización que arroja vencedores y vencidos, un nuevo capitalismo
protectorio del despotismo de las organizaciones financieras internacionales y
el comportamiento oligopólico de las empresas trasnacionales es la conquista
del sector privado frente a un debilitado Estado-nación. La conformación de una
alternativa posliberal requerirá entonces recuperar instrumentos de política
interna e internacional, exigir un cambio de reglas de comercio internacional,
establecer un rol activo en el plano internacional, fortalecer el vinculo e
identidad regional, diversificar las relaciones económicas y comerciales con
otras regiones y países.
En “Política
monetaria y crediticia”, Alfredo T. García da cuenta de los daños producidos
por la liberalización de la economía a través de la aceptación de los
postulados del Consenso de Washington, limitándose además la creación de dinero
que desalentó inversiones. En este panorama, el cambio de la ley de entidades financieras,
junto con una modificación de al carta orgánica del Banco Central que permita
la defensa de la moneda y regular variables monetarias, crediticias, cambiarias
y de pago extremo son medidas esenciales para movilizar la economía. A ello,
debe acompañársele con medidas de promoción y fomento del crédito, contemplando
una inclusión presupuestaria de los subsidios y la institucionalización de las
entidades financieras pequeñas. Estas medidas, no obstante su validez, son
reconocidas de imposible ejecución sin acompañamiento popular.
Los límites que
instan a buscar una política cambiaria alternativa también encuentran un lugar
de discusión. En “Política cambiaria. Una aproximación a las condiciones para
el cambio del régimen cambiario”, Hugo Nochteff problematiza sobre la
implementación de un tipo de cambio flotante permitiría mantener el valor del
dinero. La ventaja de optar por una flotación cambiaria sería la prevención de
los costos de un proceso devaluatorio, manteniéndose el nivel de reservas y el
encarecimiento de la salida de divisas, compensar las devaluaciones
competitivas y recuperar política económica. Un problema a resolver estaría dado en la desarticulación del tejido
productivo y al pérdida de capacidad endógena de innovación, con al dificultad
para encontrar un tipo de cambio lo menos conflictivo posible para los
sectores. La cuestión siguiente, la implementación de una devaluación salvaje
para garantizar el descenso de costos y acumulación financiera para
reacondicionar los esquemas de producción implicaría sumar mayores costos sociales
a los ya recaídos por servicios de deuda, caída de salarios, etc. Sería
necesario llevar los salarios por encima de la línea de pobreza e introducir un
IVA muy bajo para los productos de la canasta básica, a modo de compensar la
devaluación inevitable.
La consideración
sobre las alianzas comerciales para proyectar el crecimiento y desarrollo es
temática de “Política comercial argentina: ALCA vs. MERCOSUR”. Arturo O´Connell
analiza como Argentina, en su reducción drástica de la política aduanera, su apertura
unilateral, ah encontrado en su déficit comercial y el crecimiento de las
importaciones, un debilitamiento permanente de la capacidad productiva ye l
patrón de acumulación. En la complejidad de un esceanrio comercial de alianzas
cruzadas y el déficit comercial global, destaca el autor la aparición de
influyentes foros internacionales, en los cuales el país podría actuar para
acentuar su presencia: la OMC, las negociaciones con el ALCA, la Unión Europea
y el MERCOSUR son un escenario insoslayable de decisiones. El fortalecimiento
de la política comercial argentina se facilitará en la preservación de la unión
aduanera, la identificación de sectores productivos para su estudio, integrar
sectores y llevar adelante proyectos en áreas de nueva competitividad, promover
la liberalización del acceso a los mercados de los países industrializados y el
reclamo por mayor disciplina en el cumplimiento de medidas anti dumping.
En “Estado y
sociedad: nuevas fronteras y reglas de juegos”, Oscar Oszlak señala la necesidad
de identificar los responsables del colapso estatal y la debacle social
argentinos, siendo preciso reconocer y juzgar los gestores de negocios, golpes
de mercado y usura financiera sufridos pr el país. Las consecuencia de este
abandono del control ciudadano sobre lo público ha llevado a la socialización
de deudas, la captura burocrática, la obtención de subsidios, la creación de
monopolios y oligopolios en la producción de bienes y servicios, convirtiendo
al Estado en rehén del gran capital especulativo ¿La paradoja del caso? Los
principales beneficiarios de esta situación, a través de influencia o
extorsiones sobre las instituciones, continúan siendo hoy promotores del
achicamiento del Estado. Producida ya la primera promoción de reformas (jurídico-financieras),
la segunda generación de reformas, vinculada a la capacitación técnica, sólo
tendría efectos positivos de lograr una permeabilidad en la cultura
político-administrativa, caracterizada por el nepotismo, la venalidad y el
ausentismo. El desafío aquí presente es modificar las pautas de funcionamiento
del ámbito de creación de cultura. Acentuar la capacidad estatal, la
responsabilidad del funcionariado, la transparencia en el manejo de los
recursos, valorar la innovación en la gestión, proyectar objetivos en el marco
de una dinámica territorial y alentar la participación ciudadana son
sugerencias del autor para el mejoramiento de la administración pública
agobiada por la crisis.
En
“Concentración económica y regulación de los servicios públicos”, Daniel
Aspiazu y Eduardo Basualdo indagan cerca del improvisado y dañino proceso de
privatizaciones, bajo un marco político y jurídico facilitador de la
centralización y al concentración del capital y con una gran debilidad en
materia de legislación, específicamente en lo que respecta a la normativa
antimonopólica y la situación de derechos de usuarios y consumidores. La
revisión tarifaria, la reglamentación de defensa de la competencia, el
resguardo de la independencia y
autonomía de los órganos de control, la visión dinámica de incorporación de
tecnología, el consenso para concertar programas de desarrollo locales y
propender a la universalización de los servicios básicos forman parte de las
propuestas de revisión entre el Estado y los servicios públicos.
El Plan Fénix, a más de 12 años
Algunas medidas
de este valioso paquete de medidas han sido retomadas por el proceso
kirchnerista. Así, se ha renegociado la quita de la deuda en razón de un 75 por
ciento, el Banco Central pudo recuperar autonomía tras un intenso período de
discusión, se ha alentado el mercado interno con un fuerte crecimiento en la
compra de electrodomésticos y automóviles. Sin embargo, el gravamen sobre las
transacciones financieras, el control sobre las industrias extractivas y los sucesivos
públicos brillan por su ausencia poco más de doce años de aquél año, nuevos
problemas asoman, pese a las políticas inclusivas de los últimos años: la
crisis energética, que ha dejado por semanas a familias sin luz y gas; el alza
inflacionaria que mina a salarios de los sectores de menores ingresos; la
ausencia del Estado en territorios de exclusión y la precarización laboral, que
implica además un treinta por ciento de trabajo no registrado.
El objetivo en
este nuevo escenario deberá dirigirse necesariamente por fortalecer el Estado,
en tanto guía de la distribución de los ingresos y único actor capaz de
instrumentar una estrategia para un nuevo capitalismo, libre de los moldes
parasitario-extorsivos actuales.
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